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El gobierno de la SAS abierta

Por José Miguel Mendoza

jmendoza@dlapipermb.com

Publicado en ambitojuridico.com


Aunque tomó casi 12 años y una plaga de dimensiones bíblicas, el Gobierno Nacional tuvo por fin el arrojo de habilitar a las sociedades por acciones simplificadas (SAS) para ingresar al mercado de valores colombiano. El Decreto Legislativo 817 del 2020 -un instrumento característico de estas épocas aciagas, con 10 páginas de explicaciones y apenas una de legislación- rescata del exilio bursátil a las SAS, al permitir que inscriban sus títulos de deuda en el Registro Nacional de Valores y Emisores para que se negocien en el Segundo Mercado. Con este importante avance, nuestra SAS supera ya a su homónima francesa, anclada aún a las formas de una sociedad cerrada, y se pone casi a la par de su verdadera inspiración, la limited liability company estadounidense, cuyas primeras incursiones en los mercados de valores datan del año 2006. El Decreto 817 da cuenta de la madurez de la SAS colombiana, así como del éxito irrefutable del sistema societario que entró en vigencia con la Ley 1258 del 2008, un modelo emulado, y a veces plagiado, en el resto de América Latina.

Este esfuerzo del Gobierno Nacional sería casi incuestionablemente meritorio, de no ser por la timidez con la que se decidió postergar la definición de las “condiciones estatutarias y de gobierno corporativo para que las [SAS] accedan al mercado de valores”. Con esa escueta frase parece haberse extendido una invitación para que se congreguen -en sesión virtual, por supuesto- las hordas de expertos en gobierno corporativo que han colmado de formalismos a las pocas sociedades abiertas que aún quedan en el país. Y es que si quisiera asegurarse el fracaso de esta iniciativa gubernamental, bastaría con imponerle a la SAS abierta nuestro abominable catálogo de reglas de gobierno corporativo, desde la Ley 964 del 2005 hasta el Código País. Nada impediría entonces que la SAS, nuestro más refinado instrumento societario, sucumbiera bajo el peso de comités redundantes, directores formalmente independientes, monstruosos sistemas de control interno y otras figuras traídas de contrabando a Colombia.

Para evitar esta catástrofe, bien haría el Gobierno en estudiar la amplísima experiencia comparada sobre el funcionamiento de segmentos bursátiles especializados. Podría seguirse, por ejemplo, el modelo del Alternative Investment Market (AIM) del Reino Unido, cuyas compañías diseñan sus propias reglas de gobierno, bajo la mirada celosa de la Bolsa de Valores de Londres y un grupo de asesores calificados que orientan y fiscalizan a las sociedades inscritas en esa plaza. Esta propuesta sería congruente con la estructura del Segundo Mercado, el cual ha seguido los pasos del AIM británico en cuanto a que a uno y otro solo pueden concurrir inversionistas calificados. De optarse por esta vía, según se ha propuesto ya en otras páginas, el Gobierno Nacional podría simplemente olvidar la reglamentación anunciada en el Decreto 817, como ha ocurrido en Colombia con tantos otros mandatos legales de reglamentar algún asunto en el futuro. Pero si el Gobierno quisiera honrar su promesa reglamentaria, no debería pasar por alto la historia convulsionada de aquellas plazas de valores que han intentado operar con reglas societarias intrusivas, desde el efímero Neuer Markt alemán hasta el Novo Mercado de la Bolsa de São Paulo. Las lecciones que dejaron estos experimentos bursátiles deberían ser suficientes para que el Gobierno resistiera el clamor de quienes quieren someter a las SAS abiertas a costosas e inanes reglas de gobierno corporativo.

Aunque el futuro de las SAS abiertas dependerá de las decisiones que tome el Gobierno en los siguientes meses, lo cierto es que con el Decreto 817 se ha dado un paso trascendental hacia la profundización de nuestra bolsa de valores, anémica ya por el éxodo en masa de compañías listadas. Más importante aún, de ser exitosa esta iniciativa, estaremos cada vez más cerca del día, anhelado por muchos, en que una SAS pueda concurrir al mercado bursátil a ofrecer públicamente sus acciones. Esto no debería infundir temor entre quienes aún albergan desconfianza frente al tipo de la SAS. Todo lo contrario: la entrada plena de la SAS a la bolsa traería consigo incontables beneficios, incluida la reparación de nuestro sistema de protección de inversionistas minoritarios, herido de gravedad por las puñaladas recibidas en los últimos años. Por ahora, sin embargo, no podemos sino aplaudir la expedición del Decreto 817, mientras imploramos, desde la tribuna, que el Gobierno rechace los costosos remedios homeopáticos que aún hoy recetan los expertos locales en gobierno corporativo.

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